Impulsan la medida los senadores del radicalismo Sergio Flinta y Noel Breard. Piden la declaración de utilidad pública de 151 hectáreas del predio que supera las 2.300. Allí se reubicará a las familias en situación extrema.

Mientras Camau, como siempre, sigue escondido SIN PROPUESTAS.

El proyecto de ley presentado por los senadores Noel Breard y Sergio Flinta para expropiar terrenos del antiguo regimiento Santa Catalina pasó ayer a las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y Presupuesto e Impuestos de la Cámara de Senadores de la provincia. 

El expediente tiende a declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación parcial el inmueble, a fin de brindar una solución habitacional a las familias que ocupan predios privados en forma ilegal, en inmediaciones de los barrios Pirayuí, Doctor Montaña y Esperanza.

El pedido abarca una superficie de 151 hectáreas, dentro de un total de 2.387, de acuerdo con los planos de la Dirección General de Catastro y Cartografía de la provincia. Sobre el predio rige una medida cautelar del Juzgado Federal de Corrientes que ordena a los organismos estatales a que se abstengan de dictar cualquier acto administrativo que implique una modificación del terreno del antiguo Regimiento 9 de Infantería Santa Catalina.

La finalidad pública que motivó el proyecto obedece a la necesidad habitacional, pública y notoria, tras la conformación de diversos asentamientos y ocupación de inmuebles en barrios de las zonas periféricas de la ciudad de Corrientes. Para los autores de la iniciativa, es “imperiosa la necesidad” de contar con un predio como el de Santa Catalina, el cual reuniría las condiciones apropiadas para relocalizar a los okupas.

Indicaron además que dicho terreno hoy no cumple ninguna finalidad pública y recordaron que su desafectación del dominio público está dada por la compraventa realizada por el Estado nacional a favor de la Municipalidad de Corrientes. En ese contexto, la solicitud de expropiación de los legisladores radicales afectaría solo al 6,37 por ciento de la superficie total.

En el proyecto explican que su naturaleza jurídica es cumplir con un fin social como es el derecho a la vivienda digna y de situaciones extremas, para dar una solución en el mediano plazo a un número importante de familias que carecen del techo e infraestructuras básicas.

Los legisladores aclaran que, a pesar de que el Estado nacional “no está cumpliendo con el deber de remitir los fondos necesarios” para la construcción de viviendas del Plan Federal de Viviendas, de ningún modo justifica la inacción de los Estados provinciales en la elaboración de caminos alternativos para paliar el grave problema habitacional.

Tanto para Breard como para Flinta, se lograría así una alternativa de pacificación social y anticiparon que para reubicar a la población sin vivienda sería oportuno implementar un mecanismo de viviendas sociales que permitan suplir la ausencia de fondos nacionales, sin perjuicio de reclamar luego, por otros carriles, por el incumplimiento de la Nación.

En el artículo 2 se establece que el Estado provincial procederá de conformidad a lo establecido en la legislación vigente para las expropiaciones. En el artículo 3 se fija que el destino final será la realización de obras de urbanización, infraestructura y viviendas sociales. 

También se instruye al Gobierno provincial a firmar un convenio con organismos públicos especializados en derechos humanos, con prioridad al equipo argentino de Antropología Forense a fin de avanzar en la fiscalización y la supervisión de la Justicia Federal para determinar si en los terrenos solicitados existen restos de personas desaparecidas durante la última dictadura militar. Se establece incluso que el inmueble expropiado se dará a llamar bajo la imposición “Complejo Habitacional Memoria, Verdad y Justicia”.

En declaraciones radiales, Flinta garantizó que en el lugar se cumplirán los plazos previstos para la búsqueda e identificación de desaparecidos. “Tomamos la iniciativa a partir de que se puede construir algo desde el consenso, y construir un barrio que pueda ser incluido urbanísticamente a la ciudad”, sostuvo al tiempo que lamentó la “inacción” del intendente Carlos Mauricio Camau Espínola.

“Veo que cuando tiene problemas se esconde, los vecinos que están en los asentamientos son de Capital, y muchos de ellos lo habrán votado porque confían en él”, apuntó y reiteró que “desde el entorno del intendente tomaron la iniciativa de ocupar el Pirayuí y después se borraron”. Tras su evaluación en las comisiones, el proyecto será tratado en el recinto de la Cámara alta.