Alejandra Gils Carbó, recibida de abogada en la UBA en 1981 y funcionaria desde 1987, tiene una larga experiencia en la Justicia. Es una hija del kirchnerismo.

Especialista en derecho comercial, fue Néstor Kirchner, como presidente, quien la designó en 2004 fiscal general ante la Cámara Comercial.

A partir de entonces comenzó su política ascendente.

Su nombre sonaba desde hacía días como el principal "plan B" del Gobierno en caso de que la candidatura de Daniel Reposo naufragara. Para muchos en el mundo judicial, era llamativo que la Presidenta no la hubiera propuesto como su plan A.

Daniel Reposo era un hombre que surgió como un eventual "protector" del vicepresidente Amado Boudou en sus peripecias por el caso Ciccone. Por el contrario, hay indicios fuertes para sostener que Gils Carbó -autora de algunos libros y artículos y profesora de las universidades de Belgrano y de El Salvador- llega para ejecutar las decisiones de Cristina Kirchner misma.

Gils Carbó reúne todos los requisitos que más valora la Presidenta. Además de ser mujer, nunca sintió temor en embestir contra poderosas empresas. En 2005, se opuso a la reestructuración de la deuda de Cablevisión, del Grupo Clarín, e intentó frenar el acuerdo preventivo de acreedores (APE). No lo logró. Algo parecido buscó hacer con Comercial del Plata.

Sus actuaciones más recientes y más cuestionadas pusieron en la mira a Techint y a Papel Prensa.

A mediados de 2009, el Gobierno decidió embestir contra Papel Prensa y, de allí en más, el principal ejecutor de esa política, Guillermo Moreno, se valió de varios alfiles: Reposo, como síndico general; Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores, y, en la Justicia, Gils Carbó. Como la Cámara Comercial no compartió sus dictámenes, Gils Carbó acusó a los camaristas y llevó el tema a la Corte, donde tiene muy fluida llegada a la vicepresidenta del tribunal, Elena Highton.

La Cámara Comercial le dio la razón a Papel Prensa y, en esa época, Gils Carbó comenzó un muy tenso enfrentamiento con todos los integrantes del tribunal de apelaciones, que en dos plenarios de todas sus salas decidió pedir sanciones contra ella. Gils Carbó formuló una denuncia ante su entonces jefe, Righi, quien a su vez denunció a los camaristas ante la Corte y el Consejo.

El tiempo fue pasando y en 2011 el Gobierno eligió, por un momento, a otro enemigo: Siderar, una siderúrgica del Grupo Techint.

En ese momento, la Presidenta dictó el decreto de necesidad y urgencia 441/11, que derogó el límite del 5% para que la Anses, accionista institucional en las empresas, pudiera poner directores. El dictamen de Gils Carbó respaldó el DNU..